Las controversias constitucionales son herramientas jurídicas fundamentales en México y Estados Unidos para resolver conflictos relacionados con la interpretación y aplicación de las normas constitucionales. En México, este recurso permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver disputas entre autoridades federales y estatales, así como evaluar la constitucionalidad de leyes y actos gubernamentales. Mientras tanto, en Estados Unidos, las controversias constitucionales se presentan ante los tribunales federales para determinar la compatibilidad de una ley o acción con la Constitución federal.
La importancia de las controversias constitucionales en ambos países se refleja en eventos recientes, como la decisión trascendental tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos el día de ayer, al descartar la exclusión del ex presidente Donald Trump de la boleta de las primarias republicanas en Colorado. Esta decisión pone fin a una serie de disputas judiciales que han surgido en tribunales estatales en relación con la elegibilidad de Trump debido a su presunta implicación en los disturbios del 6 de enero de 2021 en Washington DC.
La controversia que rodea esta situación se originó hace varios meses, cuando la Corte de Colorado determinó que el nombre de Trump no aparecería en las boletas de votación de las elecciones primarias que se celebran hoy, 5 de marzo, en un evento conocido como Supermartes.
Según los jueces en Colorado, Trump es culpable de haber motivado la insurrección que resultó en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Este argumento se basa en la interrupción del proceso de certificación de la elección en Washington, la presunta intención de alterar los resultados oficiales y la creación de caos. Para los jueces en Colorado, esta supuesta conducta constituye un acto de sedición y viola la Enmienda Catorce de la Constitución de Estados Unidos, que busca prevenir que los traidores accedan al poder.
La tercera sección de la Enmienda 14 busca impedir que los traidores retomen el poder en Estados Unidos, evitando que los rebeldes se conviertan en funcionarios del país. Según los jueces en Colorado, al no cumplir con el juramento de proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, Trump se convirtió en un rebelde cuyas acciones son claramente actos de insurrección contra el país.
Sin embargo, a pesar de lo dictaminado en Colorado, la Suprema Corte señaló que los estados no tienen autoridad para descalificar a personas para cargos federales, como la presidencia, basándose en la Sección 3 de la Enmienda 14. Es el Congreso quien tiene la facultad de hacer cumplir esta disposición, no los estados.
La opinión de la Corte Suprema, no aborda directamente si las acciones de Trump el 6 de enero califican como una «insurrección». La decisión de la Corte se ha presentado de manera ambigua, lo que permite que el nombre de Trump aparezca en la boleta para las candidaturas, aunque no se ha pronunciado explícitamente sobre el fondo del asunto. Esta ambigüedad deja abierta la posibilidad de futuros debates y disputas sobre la interpretación y aplicación de la Constitución en casos similares.
En conclusión, el caso reciente en Colorado y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos resaltan la importancia de entender el papel de los tribunales en la resolución de controversias constitucionales. Es crucial reconocer que los tribunales tienen la capacidad de corregir errores de procedimiento sin necesariamente alterar el fondo de la causa. En el caso específico, aunque la Corte Suprema estableció que Colorado no puede privar a Donald Trump de aparecer en las boletas de las primarias republicanas, esto no implica una absolución automática de las acusaciones en su contra por su presunta participación en la insurrección del 6 de enero.
Más bien, refleja el respeto por el debido proceso y la garantía de los derechos fundamentales, al tiempo que deja abierta la posibilidad de que otras instancias judiciales aborden la cuestión del fondo de manera independiente. Esta situación subraya la importancia de un sistema judicial independiente y transparente, que pueda abordar de manera imparcial las disputas constitucionales y garantizar la rendición de cuentas y el Estado de derecho en una sociedad democrática.