El tiempo corre y las entidades financieras continúan sufriendo los estragos de las acusaciones del Departamento del Tesoro. Tan sólo CI Banco, entre junio y julio, perdió 16 mil 360 cuentas de captación. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esto representaría el 25% de su base. Pero, aquí lo interesante es analizar cómo esto impacta en la confianza del sistema financiero mexicano.
Pero, vamos por partes. En junio de 2025 el gobierno estadounidense señaló a tres entidades financieras por presunto lavado de dinero. CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, afirmó EUA, eran investigados por nexos con el tráfico de fentanilo. La situación, en muchos sentidos, es atípica y se ve como un golpe a la confianza del sistema bancario de la nación.
Asimismo, amparados en la ley Fend Off Fenatnyl Act, el Departamento del Tesoro cuestionó la robustez del control antilavado del país. Lo cual, en teoría, hace énfasis en la guerra de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. Específicamente, la administración de Trump ha señalado al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Éstos, desde febrero del 2025, fueron catalogados de organizaciones terroristas.
No podemos dejar de lado que las autoridades también congelaron los bienes de Nemesio Oseguera, “El Mencho”. Éste es señalado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. De manera paralela, se dieron a conocer sanciones contra empresarios presuntamente ligados a Los Chapitos en Mazatlán.
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¿DE QUÉ SE ACUSA A CI BANCO?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos liga a la institución financiera con el Cártel de los Beltrán Leyva; asimismo, con el Jalisco Nueva Generación y el del Golfo. El expediente indica que en 2023 se lavaron 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo. Asimismo, entre 2021 y 2024 procesó 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas. La presunción es que están ligados a precursores químicos.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó un negocio ilícito. Lo anterior, señaló la SHCP, debido a que las transferencias electrónicas fueron acreditadas a empresas legalmente constituidas. Así que esto representaría una transacción más como la de cualquier otra entidad financiera, sin irregularidades.
Otra que no salió bien librada fue Intercam. En este caso, EUA le acusa de procesar 1.5 millones de dólares —del 2021 al 2024— en la misma línea de las empresas chinas. Aunque, a ellos se les acusa también de entrevistarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si bien no se revelaron nombres, el gobierno norteamericano afirma que existieron reuniones entre los criminales y ejecutivos del banco. El presunto motivo de la reunión: discutir esquemas de lavado.
¿Qué dijo la SHCP sobre Intercam? Que existen problema administrativos. En este caso, tampoco se reflejó evidencia de actividades ilegales. Para Hacienda las acusaciones se basan en patrones sospechosos, no en pruebas contundentes.
El tercer implicado fue Vector Casa de Bolsa. Hay que mencionar que SHCP realizará una intervención. La empresa negó categóricamente las acusaciones. Con 50 años de trayectoria —afirmó en un comunicado la compañía—, han laborado con integridad y sin problemas legales mayores.
A la casa de bolsa, EUA la relaciona con el Cártel de Sinaloa. Para éste, presuntamente, sería la relación bancaria más larga. Las transacciones de hasta 2 millones de dólares tuvieron lugar del 2013 al 2021. En el caso de las empresas asiáticas, la investigación habla de 1 millón de dólares del 2018 al 2023.
CIBanco, con 170 sucursales y activos por 7 mil millones de dólares; Intercam, con más de 100 mil clientes y 4 mil millones en activos y; Vector, que gestiona 11 mil millones, son instituciones medianas, pero su señalamiento afecta la percepción de todo el sector.
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¿CÓMO IMPACTA A MÉXICO?
La administración norteamericana, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, prohibió las actividades con las instituciones mencionadas. De manera paralela, exhortó a México a investigar a fondo la situación. El problema es que ni México ni Estados Unidos han hecho públicos los detalles de la investigación. Esta situación abre la puerta a la especulación y a la pérdida de confianza por parte de otros países.
El aislamiento internacional sería una de las primeras consecuencias de estas prohibiciones. Las instituciones limitan su acceso al sistema financiero global. A corto y mediano plazo se afectan las operaciones transfronterizas. Obviamente, la capacidad de atracción de inversión extranjera está en juego. Las naciones podrían voltear hacia otras plataformas para desarrollar sus prácticas financieras.
A su vez, la pérdida de liquidez es un factor preponderante. Cierto es que los ahorradores estarán protegidos mediante la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero el cierre de cuentas es un hecho. El movimiento de los fondos tendría como resultado un nulo flujo para el resto de las operaciones.
Las acusaciones, aunque focalizadas, proyectan una sombra sobre todo el sistema financiero mexicano, reforzando percepciones de vulnerabilidad frente al crimen organizado. La falta de pruebas públicas alimenta especulaciones sobre la intencionalidad de las instituciones, lo que podría erosionar la confianza de clientes e inversionistas.
La realidad es que estamos viendo la forma y no el fondo. Las sanciones son un mensaje político de EE.UU. para presionar a México en el combate al fentanilo, alineándose con la retórica de Trump sobre migración y narcotráfico. La respuesta defensiva de la SHCP, que cuestiona la falta de pruebas, refleja un intento de proteger la soberanía financiera, pero podría interpretarse como una negativa a abordar el problema de fondo.
La insistencia en que México investigue pone a la SHCP y la CNBV en una posición delicada: si no encuentran irregularidades, podrían ser acusadas de encubrimiento; si confirman las acusaciones, admitirían fallas sistémicas en el sistema financiero.
México ha fortalecido sus regulaciones antilavado desde casos como el de HSBC en 2012, que resultó en una multa de 1 mil 920 millones de dólares. Sin embargo, las acusaciones actuales sugieren que persisten vulnerabilidades en la supervisión y el cumplimiento normativo.
Para aquellos que se preguntan si realmente habrá un impacto en los cárteles, la realidad es que la eficacia de la estrategia es limitada. Ya que estos han diversificado sus métodos, utilizando criptomonedas, empresas fachada y sistemas informales de transferencia