La administración de Donald Trump parece convencida de que puede jugar con la ley como si fuera plastilina. En el tema de deportaciones, la Casa Blanca ha decidido recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros. La joya jurídica de 1798 buscca justificar la expatriación de presuntos pandilleros venezolanos. El tema es que han ignorado una orden judicial en proceso. ¿Realmente pueden salirse con la suya? O aún más importante, ¿les importa si no pueden?
Stephen Miller —asesor de Trump— dejó claro que el presidente tiene la autoridad para actuar sin rendir cuentas a tribunales. Desde su perspectiva, los jueces de distrito simplemente no tienen derecho a revisar ciertas decisiones presidenciales. Particularmente, si aquellas situaciones están relacionadas con la seguridad nacional.
Si no fuera tan preocupante, el argumento sonaría casi cómico. Sin embargo, la historia nos ha demostrado dos cosas: 1. Cuando un líder comienza a creerse invulnerable, la democracia tambalea; 2. ni siquiera Donald Trump puede hacer lo que le plazca sin que la Constitución le ponga un alto… o al menos así solía ser.
JUECES PRESTAN ATENCIÓN A LOS DESACATOS
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, su administración ha desafiado al menos 12 órdenes judiciales federales en temas de inmigración, seguridad nacional y gasto público, según datos del Congressional Research Service. En comparación, administraciones anteriores han acatado en su mayoría los fallos judiciales, incluso cuando no les favorecían.
Además, el número de órdenes ejecutivas firmadas en los primeros seis meses de este segundo periodo ha superado en un 40% a las del primer mandato, lo que demuestra una creciente tendencia a gobernar por decreto.
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“No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces”, afirmó en su momento Tom Homan, el zar fronterizo de Donald Trump. Con este nivel de desprecio por el equilibrio de poderes, parece que estamos presenciando un intento de establecer una dinámica de poder donde el Ejecutivo no tenga frenos ni contrapesos reales.
Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los jueces han tomado nota de este abierto desacato. El magistrado James Boasberg —quien también ha intentado impedir algunas deportaciones—, claramente exasperado, resumió el argumento del gobierno así: “No nos importa, haremos lo que queramos”. Como si fuera una discusión de patio de colegio y no una decisión con implicaciones históricas.
Ahora, los tribunales se enfrentan a la difícil tarea de decidir si pueden hacer valer su autoridad sobre un presidente que parece decidido a actuar por su cuenta.
DEMOCRACIA CON UNA PRUEBA DIFÍCIL POR DELANTE
Pero no se trata solo de deportaciones. Donald Trump ya ha coqueteado con la idea de revocar la ciudadanía por nacimiento, desmantelar agencias federales y centralizar el poder en una estructura donde sus decisiones sean incuestionables. Si este patrón se mantiene, la democracia estadounidense podría estar enfrentando una de sus pruebas más críticas desde la Guerra Civil.
Sin embargo, la estrategia de Trump no es un error de cálculo. Por el contrario, es un plan fríamente ejecutado. Sabe que gran parte de su base de seguidores ven sus decisiones como un acto de defensa contra un sistema que consideran corrupto o ineficaz.
No es coincidencia que —según encuestas recientes de Pew Research Center— más del 65% de los votantes republicanos crean que los jueces deberían tener menos poder sobre las decisiones presidenciales. Esto representa un aumento de 20 puntos en comparación con 2016.
Aunque el mandatario no puede cantar victoria. El mismo centro publicó cifras el pasado mes de febrero en el que también un 65%, pero de la población en general en Estados Unidos, consideraba bastante riesgoso dar más poder a Donald Trump. La cifra ascendía a 78% si se hablaba de los presidentes en general y no sólo del actual líder norteamericano.
La gran pregunta es: ¿hasta dónde llegará esta administración antes de que el sistema diga basta? Si la historia nos sirve de guía, los líderes que desafían sin miedo la autoridad de la ley rara vez se detienen por voluntad propia. El problema es que cuando la democracia se erosiona lo suficiente ya no queda nadie con la autoridad para detenerlos.